El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de eleven de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que «el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado» y, además, no bastan alusiones o alegaciones «genéricas» sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre ).
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En él se decidirá si el español es inocente o culpable de three delitos: el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, el ocultamiento de su cuerpo y la destrucción de su pasaporte. En caso de ser culpable podría ser condenado a pena de muerte.
El tema de las fuentes de la extradición ha sido tradicionalmente resuelto, al menos por nuestros Tribunales en sede de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional, exigiendo que los requisitos, condiciones y procedimiento de aquélla se regulen exclusivamente por los tratados internacionales y por las leyes de los Estados implicados, tal como resulta en la actualidad del artículo thirteen de la Constitución española y artículo one de nuestra Ley de Extradición Pasiva vigente de 21 de marzo de 1985.
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